Costa Rica: un proyecto de ley ataca el secreto de confesión

El 11 de septiembre, Antonio Ortega, diputado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica desde 2022, y miembro del partido Frente Amplio, apoyado por diputados de varios partidos, presentó un proyecto de ley que, modificando una serie de artículos del código del procedimiento penal y del Código Civil, busca eliminar el secreto de confesión en el caso de delitos sexuales contra menores.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica respondió enfatizando que, según el canon 983 del Código de Derecho Canónico, el secreto sacramental "es inviolable", lo que prohíbe al confesor revelar la confesión del penitente, bajo pena de excomunión.

Durante el webinar organizado por la Universidad Católica de Costa Rica el 31 de octubre, Monseñor Blanco, especialista en derecho canónico, hizo referencia a un documento publicado por la Penitenciaría Apostólica en 2019 sobre la importancia de la inviolabilidad del secreto sacramental.

El texto subraya que "la reconciliación misma es un bien que la sabiduría de la Iglesia siempre ha salvaguardado con toda su fuerza moral y jurídica, mediante el secreto sacramental. Aunque no siempre sea comprendido por la mentalidad moderna, es esencial para la santidad del sacramento y la libertad de conciencia del penitente".

El texto precisa también que el penitente "debe tener la certeza, en todo momento, de que su confesión quedará en el secreto del confesionario, entre su propia conciencia, que se abre a la gracia y a Dios, por la necesaria mediación del sacerdote. El secreto sacramental es indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción sobre él ni derecho alguno sobre él".

El obispo también señala que el penitente solicita el sacramento con la conciencia de que el sacerdote escuchará sus pecados "no como hombre sino como representante de Dios".

La nota expresa además que "cualquier acción política o iniciativa legislativa encaminada a 'violar' la inviolabilidad del secreto sacramental constituiría una ofensa inaceptable a la libertad de la Iglesia, que no recibe su legitimidad de los Estados individuales sino de Dios; también constituiría una violación de la libertad religiosa".

El Padre Alejandro Jiménez, vicario judicial del tribunal eclesial de la arquidiócesis de San José, declaró que eliminar el secreto de confesión "no solucionará el sufrimiento de nadie, no corregirá la realidad de los abusos, que no tienen su origen en la realidad eclesiástica o sacramental, sino que son un mal que la Iglesia no puede tolerar".

El abogado José Rafael Fernández, asesor jurídico de la Universidad Católica de Costa Rica, señaló que el proyecto de ley presentado resultará en "la violación absoluta del secreto de confesión". Además, "si la legislación consigue eliminar el secreto de confesión, ¿qué pasará con quienes están protegidos por el secreto profesional? Un proyecto de ley así no tiene sentido".

El secreto de confesión siempre ha sido defendido celosamente por la Iglesia, y muchos eclesiásticos han pagado con su vida o la prisión su negativa a violarlo. Uno de los más conocidos es San Juan Nepomuceno, torturado y asesinado por el rey de Bohemia, Wenceslao IV, porque se negó a revelar las confesiones de la reina Sofía de Baviera.

No faltan ejemplos recientes: a principios del siglo XX, un sacerdote francés fue enviado a prisión y permaneció allí hasta su muerte. Acusado de un asesinato, no pudo defenderse adecuadamente porque él mismo había confesado al asesino y no quiso violar el secreto de confesión.