Una respuesta adecuada del cardenal López Romero

El artículo hace referencia a una decisión de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español, que anunció "un refuerzo del marco legal para que no pueda prescribirse la responsabilidad civil por abuso sexual de menores, así como la creación de un fondo estatal para el pago de ayudas e indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia".

El cardenal subraya la excepcional rareza de tal decisión. Sobre todo porque, durante los debates, Sánchez declaró que la Iglesia debería comprometerse a reparar todos los males, incluso en los casos prescritos. Lo cual, hay que reconocer, y sin querer en modo alguno eximir de responsabilidad a los abusadores, va contra la propia ley.

Una discriminación extraña y generalizada

Pero lo más extraño es la discriminación que implica tal medida. Monseñor Romero hace una pregunta sencilla: "¿Por qué este fondo se utilizaría para compensar solo a las víctimas de abusos en la Iglesia? ¿Por qué se deja de lado a las víctimas de abusos cometidos en establecimientos educativos públicos, dependientes del Ministerio de Educación (…)?"

El cardenal enumera luego los abusos en "los establecimientos de salud, (…) centros deportivos, gimnasios, (…) asociaciones y movimientos de todo tipo, (…) y también en los ministerios".

Ninguna víctima debe ser excluida

Finalmente, el arzobispo de Rabat va un poco más lejos: "Resulta que, según una institución reconocida en este ámbito, la Fundación Vicky Bernadet, el 80% de los casos de abusos contra niños se producen en el entorno familiar. ¿Se quedará este 80% de niños víctimas de abusos sin compensación y sin juicio?"

El cardenal finaliza con una petición a Pedro Sánchez: en caso de creación de un fondo, que ninguna víctima de abuso sea olvidada; el abuso es abuso, independientemente del entorno en el que se produzca. “No sea que el fondo solo ayude a un pequeño número de víctimas (los abusos dentro de la Iglesia) y la gran mayoría (más del 95%) quede excluida".

El texto del cardenal Romero no busca exonerar a los abusadores dentro de la Iglesia, ni negar indemnizaciones, pero tiene el gran mérito de recordar que es solo una pequeña punta de un iceberg que permanece inexplorado. Sin olvidar que, dentro de la propia Iglesia, quienes cometieron estos crímenes monstruosos siguen siendo una minoría muy pequeña.

Cabe esperar que el jefe del Gobierno español haya escuchado el mensaje y se lo piense un poco más antes de lanzarse a su proyecto.